El gasto público en España
en 2012 fue de unos 493.000 millones de euros, lo que equivale al 47.5% del
PIB. Es decir, que casi la mitad del PIB es gasto público. Ese es un gasto que
está muy por encima de lo que el país puede permitirse. Cuando más se recaudó
en España vía impuestos fue en plena burbuja inmobiliaria y fueron unos 433.000
millones.
Recaudar ese máximo de la
burbuja es difícil pero además es que no sería suficiente para cubrir el gasto público
de 2012. Habría una diferencia de unos 60.000 millones de euros. El mensaje es
que el gasto público no está controlado. Y la única forma de seguir sosteniendo
el cotarro es emitiendo deuda pública.
Intentar recaudar más vía
aumento de impuestos es pan para hoy y hambre para mañana. Se contrae la economía
privada, fuga capital, aumenta la economía sumergida y no se producen
inversiones.
Además, esa permanente
amenaza de subidas de impuestos por aquí o por allí, crea una sensación de
inseguridad jurídica y de recelo entre empresarios y ciudadanos, que ven que
mientras se han perdido millones de puestos de trabajo desde el estallido de la
burbuja en 2008 se siguen manteniendo milenta mil cargos políticos casi como si
no pasara nada.
Hay que recordar que España
mantiene de hecho 18 gobiernos, el central y los 17 autonómicos, que tienen
capacidad de gasto y legislación. Es una organización con tendencia al gasto,
no al ahorro. Y de una gran ineficiencia económica, dado que fracciona el
mercado y produce duplicidades en cientos de asuntos.
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